Fuente: Redacción de Air Cargo Latin America
Y finalmente sucedió lo que todos, con una mínima capacidad de análisis, creían que iba suceder. Desde el inicio de su gestión, el gobierno encabezado por el Presidente Milei ha manifestado su decisión de desprenderse de todas las fuentes de generación de pérdidas a las arcas de “todos los argentinos”, según sus palabras.
Según la consideración del primer mandatario argentino, el Estado no tiene que hacer cosas que los privados podrían hacer con mayor eficiencia, especialmente cuando esto involucra una actividad empresarial que genera déficit año tras año. Dentro de ese paquete se encuentra la aerolínea de bandera, Aerolineas Argentinas.
A raíz de esto, mediante la acción de dos gremios relacionados con la industria (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas -APLA- y la Asociación Argentina de Aeronavegantes -AAA-), durante las últimas semanas el sector aeronáutico en la Argentina ha venido realizando distintas medidas en reclamo a mejoras salariales y al mantenimientos de ciertos privilegios. Claro que para ello emplean medidas que generan disrupción en la prestación de servicios, perjudicando a miles de pasajeros y a las economías regionales.
Ante este escenario caótico, con el fin de limitar el impacto negativo de esas medidas, el Gobierno de Argentina decretó este lunes la esencialidad del transporte aéreo, estableciendo servicios mínimos para cuando no haya acuerdo entre partes.
Esto se implementó mediante la firma de dos decretos (el 825 y el 831), por los que el Poder Ejecutivo destacó la “relevancia estratégica” de la aviación para el transporte, el tránsito de pasajeros, el comercio regional e internacional y el desarrollo de las economías regionales, por lo que su alteración afecta el adecuado funcionamiento del sistema integrado por las actividades vinculadas a la navegación aérea.
Los firmantes de estos decretos son Javier Milei (Presidente de la Nación), Sandra Petovello (Ministra de Capital Humano), Guillero Francos (Jefe de Gabinete) y Luis Caputo (Ministro de economía).
En el contenido de estos decretos se resalta la necesidad de lograr acuerdos entre las partes cuando haya un conflicto y, en caso de no alcanzarse dichos acuerdos, el establecimiento de servicios mínimos, que en ningún caso podrá resultar inferior al 50 % respecto de la actividad o prestación normal y regular de los servicios.
Veremos como evolucionan los acontecimientos. Por las declaraciones del dirigente sindical Pablo Biró, este conflicto va a empeorar en caso que el gobierno no manifieste una mayor flexibilidad a considerar los reclamos de los trabajadores de este sector, reclamos que el Presidente Milei define como “privilegios que pagan todos los argentinos”.
Lea el texto del Decreto 825/2024
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